El empleador en Chile adquiere ciertos deberes a la hora de contratar a alguien, entre ellos, descontar del sueldo del trabajador el porcentaje legal establecido para cubrir los pagos previsionales de éste (AFP y FONASA o ISAPRE). Por ello, en caso de que no fueran canceladas las cotizaciones legales de los trabajadores (monto y plazo determinado), el empleador es el responsable ante la ley.
En este contexto, surgen importantes implicaciones legales que afectan a las empresas que incurran en adeudar estos pagos. Esta deuda recibe el nombre de deuda previsional.
Estos incumplimientos pueden tener serias consecuencias legales y financieras, y están regulados por leyes específicas, como la Ley N° 21.595, conocida como la Ley de Delitos Económicos, y la Ley N° 19.631, que establece la obligación de pago de cotizaciones previsionales atrasadas como requisito previo al término de la relación laboral por parte del empleador.
Entendiendo las implicancias de la Ley N°21.595 y la Ley N° 19.631
La Ley N° 21.595, promulgada en 2019, es una pieza legislativa crucial en el contexto de los delitos económicos en Chile. Esta ley establece sanciones para diversas conductas ilícitas relacionadas con la actividad económica, incluyendo el incumplimiento en el pago de cotizaciones previsionales. Según esta ley, el no pago de las cotizaciones previsionales constituye un delito económico y puede ser sancionado con penas que van desde multas hasta la cárcel, dependiendo de la gravedad de la infracción y el monto adeudado.
Además, la Ley N° 19.631 establece la obligación de pago de cotizaciones previsionales atrasadas como requisito previo al término de la relación laboral por parte del empleador. Esto significa que, antes de poner fin a la relación laboral con un trabajador, el empleador debe regularizar cualquier deuda previsional pendiente, incluyendo las cotizaciones no pagadas y los intereses correspondientes. Esta obligación busca proteger los derechos de los trabajadores y garantizar que reciban los beneficios de seguridad social a los que tienen derecho.
Deuda previsional: ¿cuáles son las consecuencias?
Cuando un empleador no cumple con la obligación de pago de cotizaciones previsionales atrasadas, es decir, adquiere una deuda previsional, se enfrenta a diversas consecuencias legales y financieras. Entre ellas, se pueden mencionar las siguientes:
Sanciones administrativas
La Superintendencia de Pensiones y otras entidades regulatorias pueden imponer sanciones administrativas a los empleadores que no cumplan con sus obligaciones previsionales. Estas sanciones pueden incluir multas económicas, la suspensión de actividades comerciales o la revocación de licencias o permisos.
Responsabilidad civil
Los empleadores pueden ser demandados por los trabajadores afectados por el incumplimiento en el pago de cotizaciones previsionales. En estos casos, los trabajadores pueden exigir el pago de las cotizaciones adeudadas, así como los intereses y daños y perjuicios correspondientes.
Responsabilidad penal
Como se mencionó anteriormente, el no pago de las cotizaciones previsionales puede constituir un delito económico según la Ley N° 21.595. En consecuencia, los empleadores pueden enfrentar procesos penales y ser condenados a penas de prisión o multas considerables, especialmente en casos de reincidencia o fraude.
Reputación empresarial
El incumplimiento en el pago de cotizaciones previsionales puede tener un impacto negativo en la reputación y la imagen de la empresa. Esto puede afectar las relaciones con los clientes, proveedores, inversionistas y otros actores clave en el mercado, lo que a su vez puede reducir la viabilidad y el éxito a largo plazo del negocio.
El incumplimiento en el pago de cotizaciones previsionales en Chile conlleva importantes implicaciones legales y financieras para los empleadores. Además de las sanciones administrativas, civiles y penales establecidas por la ley, el no pago de las cotizaciones previsionales puede dañar la reputación empresarial y afectar las relaciones comerciales con terceros. Por lo tanto, es fundamental que los empleadores cumplan con sus obligaciones previsionales y adopten medidas para evitar cualquier irregularidad o incumplimiento en este ámbito.
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